La Fiscal General James Obtiene 45 millones de Dólares de Block por Facilitar Fraude y Engaño a Usuarios de Cash App

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y una coalición bipartidista de otros 45 fiscales generales lograron hoy un acuerdo de 45 millones de dólares con Block, Inc. (Block) — la empresa detrás de la popular aplicación de pagos entre personas Cash App — por engañar a sus usuarios y no protegerlos contra estafas y fraudes. La fiscal general James y la coalición alegan que Block no ayudó a los usuarios cuando fueron víctimas de estafas, engañó a los consumidores sobre la seguridad de Cash App y no proporcionó la protección contra el fraude ni los mecanismos de resolución que había prometido y que estaba obligada por ley a ofrecer. Como parte del acuerdo con la fiscal general James y la coalición, Block deberá implementar cambios para proteger a los usuarios del fraude, garantizar el acceso a agentes de atención al cliente en vivo y poner fin a todas las prácticas de marketing engañosas. Asimismo, Block deberá pagar 1.6 millones de dólares en multas al estado de Nueva York.

“Se prometió a los neoyorquinos que Cash App era una plataforma segura y confiable para enviar dinero, pero en realidad, la aplicación los expuso a un fraude desenfrenado”, declaró La Fiscal General James. “Durante años, los usuarios de Cash App perdieron dinero por estafas costosas porque Block priorizó las ganancias sobre la protección de sus usuarios. Me enorgullece que este grupo bipartidista de fiscales generales se haya unido para responsabilizar a Block y garantizar que Cash App proteja los fondos de sus usuarios”.

Una investigación realizada por la fiscal general James y la coalición reveló que Block engañó a los usuarios de Cash App mediante publicidad que sugería falsamente que la aplicación funcionaba como un banco y ofrecía las mismas protecciones para los fondos de los clientes que tienen los bancos. En sus términos de servicio, Block afirmaba contar con una «tecnología de vanguardia... para la detección de fraudes», cuando en realidad la empresa carecía de un sistema coherente de detección de fraudes. Asimismo, Block no disponía de una línea telefónica operativa para que los usuarios denunciaran estafas.

Block sabía que el fraude en su plataforma estaba aumentando drásticamente, pero en lugar de advertir a los usuarios o reforzar las medidas de protección, intensificó sus esfuerzos de marketing. La empresa se centró en atraer nuevos clientes mientras permitía la proliferación de cuentas fraudulentas. Para crear cuentas de Cash App no ​​se requería número de Seguro Social ni fecha de nacimiento, y no había límite en la cantidad de cuentas que una persona podía abrir, lo que permitía a un mismo individuo malintencionado operar toda una red de cuentas dedicadas a estafas. Cash App restringía las devoluciones de cargos en las cuentas al tiempo que incentivaba la creación de otras nuevas, lo que propició la proliferación del fraude.

Block se esforzó especialmente por llegar a los consumidores no bancarizados o con acceso limitado a servicios bancarios, promoviendo el depósito directo de salarios y beneficios gubernamentales en Cash App. Los usuarios que utilizaban Cash App como su cuenta financiera principal eran particularmente vulnerables al fraude; sin embargo, Block amplió su base de usuarios sin implementar medidas de seguridad y prevención de fraude que protegieran las cuentas de dichos clientes.

Mientras que ciertas políticas de Block no impidieron el fraude, otras lo permitieron activamente. Dado que Cash App no ​​disponía de un número de teléfono para asistencia, los usuarios que perdían el acceso a sus cuentas buscaban en internet un número de atención al cliente y, a menudo, terminaban llamando a números falsos operados por estafadores que se hacían pasar por el servicio de atención al cliente de Cash App. Estos estafadores tomaban el control de las cuentas de Cash App de las víctimas o vaciaban sus otras cuentas financieras. Block estaba al tanto de esta situación, pero no advirtió a los usuarios ni habilitó una línea telefónica real hasta 2021.

Block también organizó una promoción en redes sociales llamada «Cash App Fridays», incentivando a los usuarios a publicar públicamente su identificador único de Cash App para participar por un premio semanal. Los estafadores contactaban a estos usuarios, les informaban que habían ganado y los engañaban para obtener sus datos de acceso. La investigación de la fiscal general James y la coalición determinó que Block estaba al tanto de estos fraudes pero mantuvo la promoción, instruyendo al personal para gestionar a los clientes estafados.

El hecho de que Block no ofreciera un servicio de atención al cliente adecuado ni cumpliera su promesa de proteger a los usuarios contra el fraude provocó confusión y dificultades económicas a sus usuarios. Los usuarios de Cash App que sufrieron bloqueos automáticos de cuenta debido a transacciones sospechosas a menudo quedaron sin acceso a sus cuentas durante semanas, sin posibilidad de disponer de su dinero. Con frecuencia, las víctimas de fraude a través de la aplicación se quedaban sin vías de recurso. Las demoras de Block impidieron recuperar el dinero robado por estafadores, y la empresa falló en investigar transacciones no autorizadas o emitir reembolsos cuando era obligatorio por ley.

Como resultado del acuerdo, Block debe implementar prácticas responsables para resolver estos problemas, entre ellas:

• Mantener servicios de soporte al cliente capaces de resolver quejas por fraude, bloqueos de cuenta y otros problemas.
• Ofrecer asistencia en tiempo real, las 24 horas del día, con atención telefónica humana al menos 13.5 horas al día, y chat en vivo al menos 18 horas al día.
• Eliminar las afirmaciones falsas o engañosas sobre la seguridad de Cash App y cómo protege a los usuarios contra el fraude.
• Abandonar las prácticas de marketing que se sabe aumentan el fraude en la plataforma.
• Educar directamente a los consumidores sobre los tipos comunes de fraude.
• Cumplir con sus obligaciones legales de investigar los reclamos de fraude y devolver el dinero a los usuarios por transacciones no autorizadas.

Junto a la Fiscal General James para lograr este acuerdo se encuentran los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin.

La Fiscal General James es una líder nacional en la protección de los neoyorquinos frente a las estafas en línea. En julio de 2025, la Fiscal General James demandó a la empresa detrás de Zelle por facilitar un fraude generalizado. En junio de 2025, la Fiscal General James tomó medidas para detener una estafa de criptomonedas dirigida a neoyorquinos de habla rusa. En enero de 2025, la Fiscal General James se convirtió en la primera autoridad reguladora en notificar una demanda mediante el depósito de un token no fungible (NFT) en las billeteras digitales que los estafadores utilizaban para robar las criptomonedas de las víctimas. En junio de 2024, la Fiscal General James demandó a la empresa de comercio de criptomonedas NovaTechFx por operar un esquema piramidal ilegal que defraudó a cientos de miles de inversores en todo el mundo —incluidos más de 11.000 neoyorquinos, por un valor superior a los mil millones de dólares en criptomonedas.

En el caso de Nueva York, este asunto fue gestionado por el subdirector de la oficina, Clark Russell, bajo la supervisión de la directora de la oficina, Kim Berger, de la Oficina de Internet y Tecnología. Dicha oficina forma parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el fiscal general adjunto principal, Chris D’Angelo, y supervisada por la primera fiscal general adjunta, Jennifer Levy.